Los diversos grupos políticos del país reaccionaron ayer al pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que quede sin efecto la pregunta 3 de la consulta popular.

Asambleístas y políticos calificaron ese hecho como un intento de impedir que la voluntad de los ecuatorianos sea acatada. La CIDH, en base al pedido de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Edwin Jarrín, Sonia Vera y Tania Pauker, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que ordene al Estado ecuatoriano no aplicar la pregunta 3, en la cual ganó el Sí.

Partido Socialista
La asambleísta del Partido Socialista, Silvia Salgado, tildó de tardías las observaciones de la CIDH. Recalcó que ya se han dado los resultados de la consulta popular y que el país no debería anteponer los criterios internacionales a la voluntad del pueblo ecuatoriano.

“En la CorteIDH expondremos los derechos que tenemos como país. El gobierno responderá”.

Añadió que propondrá una iniciativa para que también la Asamblea Nacional demande el respeto a la soberanía. “Vamos a seguir con la agenda y la ruta trazada. Nos corresponde seguir el mandato del pueblo, no de ninguna Comisión”.

Alianza PAIS
Daniel Mendoza, del bloque de AP-Aliados, indicó que el siguiente paso es la creación de la normativa para conformar el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio.

“Los pronunciamientos de la CIDH son respetables pero también deben respetar la decisión de los ecuatorianos en las urnas”.
Elizabeth Cabezas, también de Alianza PAIS, dijo que es el deber de los asambleístas continuar con el calendario y dar cumplimiento a la voluntad popular.

Agregó que Ecuador es soberano y la decisión del pueblo es la prioridad. “Ningún organismo puede estar por encima de la voluntad de los ecuatorianos”.

Para la legisladora la Corte Constitucional tuvo 20 días y agotado el plazo se entendió el visto favorable a la consulta popular.

CREO
César Monge, director del movimiento CREO, opinó que la decisión del organismo a nadie debe sorprender pues lo que ha sucedido en la CIDH, que es un organismo  de la Organización de Estados Americanos (OEA), “responde a la influencia que tiene su secretario general, el señor Luis Almagro, quien se ha declarado admirador de Rafael Correa”.

Monge adujo que hay un sesgo  correísta en la resolución  para tratar de impedir lo que  quiere  la mayoría del pueblo, “que es un cambio para que nunca más los organismos de control estén secuestrados por un gobierno”.

“No quieren imparcialidad. A los partidos políticos no nos interesa tener gente adentro de esos organismos, pero queremos transparencia”, dijo Monge.

Partido Social Cristiano
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, también mostró su contrariedad. “Quisiera pensar que un organismo internacional como la Corte va a tener la sensatez de no proceder como le han sugerido porque sería desconocer la voluntad de un pueblo además atentaría al principio de no intervencionismo”.

Henry Cucalón, representante de la bancada del Partido Social Cristiano, rechazó que sea ilegítima la decisión del pueblo de cesar de sus funciones a los miembros del CPCCS. “Entre la CorteIDH y el pueblo me quedo con el pueblo”. (I)

Comisión
Asamblea avanza
Asambleístas intensifican el trabajo para implementar los reglamentos necesarios para la aplicación de la consulta popular por eso se conformará una comisión ocasional compuesta por 9 legisladores de varias bancadas.

45 días se extenderá el trabajo de la Asamblea para aplicar la consulta popular.  

Nuevo Cpccs para marzo
Para el 16 de marzo está previsto que la Asamblea apruebe, incluso, los nombres de los 7 nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  Transitorio.

La oposición correísta celebra informe
La medida adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recomienda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) suspenda los efectos de la pregunta 3 fue recibida con entusiasmo por los impulsores de la iniciativa.

El vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Edwin Jarrín, agradeció el seguimiento y vigilancia de la CIDH “para que se respete la democracia y la institucionalidad en Ecuador”.

Tania Pauker recalcó que la CIDH ha cumplido con su mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos.

Sonia Vera indicó que su lucha recién empieza. “La razón no pide fuerza. Nuestro Estado de derecho ha sido vulnerado y la Organización de Estados Americanos se ha expresado. Esperemos el pronunciamiento de la Corte Interamericana”.

Al respecto el expresidente Rafael Correa reaccionó a través de su cuenta de Twitter. Para él la CIDH se pronunció para evitar que siga rompiéndose la Constitución en Ecuador.

El exmandatario anotó que “pese a que Moreno dice que llamó a Almagro, secretario de la OEA, para hacer “respetar” la voluntad popular, entonces la primera pregunta de la consulta debió ser: ¿Está usted de acuerdo con que se destrocen los art. 104, 438 y 443 de la Constitución (...) Ya sabemos lo que hubiese respondido el pueblo ecuatoriano. En un Estado de derecho, el presidente por esta grave alteración del orden constitucional debería estar enjuiciado política y penalmente. Todo es pura hipocresía. Saben que la consulta fue absolutamente inconstitucional”.

Correa escribió desde Bélgica, país al que regresó el pasado martes.

Ricardo Patiño también calificó como grave lo dispuesto por la CIDH, ya que del informe emitido se desprende que el CPSCCS de transición que se designe tendrá la facultad de hacer análisis de desempeño y destituir a representantes de organismos de control, lo cual provocaría un daño irreparable.

Comentó que esta resolución va en la línea de impedir que el control del Estado dependa únicamente del Presidente de Ecuador.

“Se establece claramente que en caso de aplicarse la pregunta 3 estaríamos ante un Estado donde no hay división de poderes y lo que esto confirma es lo que hemos dicho reiteradamente que es inconstitucional”, remarcó Patiño durante una entrevista en Radio Pública.

El político afirmó que los opositores decían reiteradamente que se debía respetar a la CIDH y sobre todo las resoluciones de la Corte.

“Ojalá ahora no se les ocurra decir que las medidas que resuelva este organismo jurisdiccional tampoco valen porque estaríamos  fuera del ordenamiento jurídico internacional. Eso sería una vergüenza para el país”. (I)