El presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, fue electo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la semana anterior para el periodo 2016-2021. El funcionario habla de su postulación, su propuesta de trabajo y sobre las críticas que recibió de varios juristas que cuestionaron su candidatura.   

¿Cómo fue su postulación y por qué el Estado lo eligió como candidato?

El mandato del Estatuto de la Organización de Estados Americanos otorga a los países la posibilidad de elegir o postular a quienes reúnen los requisitos que establece la norma. Esta señala que son aptos quienes cumplan con ser la más alta autoridad judicial de un país, tengan experiencia demostrada en derechos humanos y sean docentes.  

Existieron objeciones de que no se hizo una selección interna...

No existe esa norma. Solo se utiliza el estatuto de la OEA.    

¿Cuál es el eje de su propuesta ante este organismo?

Cuando el Gobierno, a través del canciller Ricardo Patiño, propuso mi candidatura preparé una propuesta de trabajo que fue analizada, debatida y aceptada por los cancilleres de los países miembros. Esta tesis busca contribuir a superar tres grandes desafíos: Fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos mejorando las capacidades de gestión y jurisdiccionales de la Corte Interamericana; profundizar la vinculación del Sistema Interamericano con los sistemas nacionales de protección de derechos y elevar la capacidad de los mecanismos de promoción y difusión de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el sistema regional de protección de los derechos humanos. Desde ese punto necesitamos que las sentencias de la Corte tengan la mayor difusión posible, que se establezcan vínculos directos con las cortes nacionales y las cortes constitucionales.

¿Actualmente se está ejecutando alguna propuesta?

Como presidente de la Corte Constitucional estoy promoviendo el proyecto ‘Plataforma de las Intercortes’, que es una base donde están salas y tribunales de toda la región para intercambiar las sentencias. También lo haremos con la Corte Interamericana.

¿Con qué finalidad?

Informarnos para construir un pensamiento común latinoamericano desde los derechos humanos, desde el constitucionalismo. Esa es una de mis grandes tareas que viene desde la academia.

A su criterio, ¿qué deficiencias existe en la CorteIDH?

No existe una dedicación exclusiva de los jueces. Otra de mis propuestas es el fortalecimiento que debe ir progresivamente concediendo competencias de dedicación exclusiva de los jueces. En la actualidad existen limitaciones económicas, por falta de políticas. La Corte no es una Corte, funciona parcialmente. A veces se reúnen cada 15 días, varios meses y eso no abona a que haya un tratamiento ágil. Esperemos que a la brevedad posible los jueces tengan dedicación exclusiva. El juez que llega a Costa Rica tiene que regresar a su país natal porque no hay sueldo. A fin de año se termina la cooperación española y no hay fondos. Además, hay que fortalecer el intercambio de jurisprudencia, de capacitación.

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¿Cuántas sentencias han sido objeto de referencia por la Corte en temas de derechos humanos?

La sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 25 de junio de 2012  en el caso Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. La misma hizo algunos aportes trascendentes para los pueblos indígenas, de las consideraciones y de los derechos culturales que se vieron afectados. La Corte reconoció que los pueblos indígenas, como colectivos, son titulares de derechos humanos y declaró la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la violación de derechos humanos.

Varios juristas y representantes de la sociedad civil presentaron sus objeciones a su candidatura por no ser el candidato idóneo...

Al ser un funcionario público estoy sujeto al escrutinio público. En el caso de los jueces estamos con mayor razón expuestos por las personas que han sido afectadas o beneficiadas por nuestras decisiones. En mi caso en estos 8 años he decidido sentencias que sobrepasan los miles de casos. Existen objeciones que han tratado de desnaturalizar hasta mi condición humana. Lo que pasa es que hay diferentes formas de entender la realidad constitucional y por lo tanto hay diferentes enfoques. Dicen que yo he dictado las sentencias, esto es mentira, hay 9 jueces que votamos sobre la base de posiciones y argumentos. Lo que hay es una diferencia en el enfoque constitucional y eso es legítimo.

¿Qué opina que 22 de 23 Estados lo hayan apoyado para ser elegido como juez de la CorteIDH?

Eso es la expresión de un apoyo histórico que nunca se ha dado. Esta votación reconoce el altísimo prestigio que tiene Ecuador en el foro internacional. La posibilidad de contrastar y debatir con cada uno de los representantes de los Estados permitió transmitir mi propuesta que fue acogida. Como tercer factor hubo una excesiva campaña de descrédito que fue innecesaria y más bien les perjudicó. Tenemos que elevar nuestro nivel de debate y de confrontación.

¿Cómo garantizará independencia ante posibles fallos que beneficien al Estado ecuatoriano?

Este cuestionamiento realizado por los juristas fue motivo de risa entre los magistrados de los países miembros. Los jueces de laCorteIDH están prohibidos por el Estatuto de conocer casos de su país de origen. Hay una inhabilidad en ese sentido.

Tras esta designación, ¿seguirá como presidente de la Corte Constitucional? ¿Y cómo avanza el proceso de renovación parcial?

La Constitución señala que el presidente de laCorte dura 3 años  y este es mi último año y se cumple el 6 de noviembre próximo. Aunque me da la impresión de que muchos quieren que me quede, no puedo. El 5 de mayo por mandato de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales inició el proceso para designar a la comisión a través de la Función de Transparencia y Participación. Tendrán que salir 3 jueces o juezas mediante un sorteo el 24 de octubre.

¿Cuál es su evaluación sobre la actual Corte Constitucional?

Con la nueva Constitución se dieron algunos vacíos. Existe una realidad institucional que ha sido lenta con sus particularidades, no tenemos una judicatura que esté conectada con los nuevos desafíos, y nuevas realidades jurídicas. Existe un alto porcentaje de inadmisiones y nos vemos en la obligación de rechazar. En estos 8 años la sala de admisión resolvió 10.967 autos presentados por el accionante privado, de los cuales inadmitió 7.559; admitió 2.054; rechazó 937;y 394 están pendientes. En el sector público las salas dictaron 2.284 autos de los cuales se inadmitieron 1.030 casos. (I)