No tuvo que pasar mucho tiempo para que el Consejo Tripartito Transitorio emprendiera  las primeras acciones encaminadas a rescatar a un poder que decepciona a la ciudadanía. El  presidente de este organismo, Paulo Rodríguez, confirmó el pasado jueves la salida de 161 servidores judiciales que habían ingresado de manera provisional a través de un concurso organizado por Benjamín Cevallos, ex titular de la Judicatura,  en una medida que estaría llena de irregularidades por  falta de un llamado público para  el concurso de méritos y oposición.

Dentro de ese grupo de funcionarios cesados están treita y ocho  jueces, seis juezas y cuatro conjueces de distintas cortes provinciales del país.

Una vez confirmados  los nombres, es posible que algunos de ellos estén salpicados por sospechas en cuanto a  la forma en  que llevaron las causas. En el caso de Guayas  -entre magistrados y servidores- el número llega a cerca de veinte personas.

Por ello ha sido satisfactorio observar que las agremiaciones de judiciales -servidores, magistrados y abogados-  respaldan las primeras acciones del Consejo de la Judicatura Transitorio. Esperemos que esta “luna de miel” perdure durante el proceso de reestructuración, porque el trabajo del nuevo organismo se vería truncado si  las personas escogidas para servir a la ciudadanía en los tribunales no son filtradas a través de un  proceso de meritocracia, en el que se valoren las capacidades laborales y no las influencias.

Y a pesar del optimismo, el Colegio de Abogados del Guayas anunció que  acudirá la próxima semana a la Asamblea Nacional para solicitar la salida de  Fernando Yávar de la Comisión pues, según sus voceros, no reuniría los requisitos para desempeñar el cargo. Sin embargo, aparentemente  el enojo se debe a que  él  habría analizado la posibilidad de que el gremio desocupe las instalaciones que tiene en la Corte Provincial del Guayas. Por el bien del sistema judicial, estas minucias  deben ser superadas ante la urgente reestructuración del Poder Judicial en Ecuador.