Con el afán de hacer oposición, analistas, medios de comunicación, e incluso  asambleístas, confunden gobernabilidad con negarlo todo, achacar al Gobierno de todos los males y pensar que con eso  garantizan otro escenario para un futuro inmediato, evidentemente a su favor.

La gobernabilidad es una responsabilidad de todos los ciudadanos, actores sociales y políticos, aparte de quienes hacen la economía del país.

Por eso sorprende que la oposición demande gobernabilidad y solo piense que esta existe si es ella la que fiscaliza y genera un supuesto equilibrio de poderes.

El Gobierno de ahora también tiene que afirmar la gobernabilidad con una gestión absolutamente transparente, con rendición de cuentas y, por qué no, dialogando con los opositores cuantas veces sean necesarias si de por medio está el bienestar general. Si algo ha faltado para sostener esa gobernabilidad ha sido el diálogo serio y responsable, maduro y sin intereses particulares, principalmente de ciertos opositores.

Además, la gobernabilidad también la tienen que alimentar los asambleístas, alcaldes, prefectos, concejales y juntas parroquiales. Y en eso, hasta ahora, hay bastante madurez y una buena dosis de coordinación. Prueba de ello es que todos esos actores asumieron el Código de Ordenamiento Territorial como un compromiso colectivo para asumir cada uno sus responsabilidades, y no como un escenario de confrontación para sacar provecho individual.

Las elecciones en la Asamblea Nacional también deben ser una prueba de esa vocación de gobernabilidad, para continuar con el proceso de edificación institucional del Ecuador que ordena la Constitución.

Y para ello hace falta que todos los asambleístas depongan sus afanes proselitistas y acuerden elecciones sin escándalos y con acuerdos transparentes. No les queda más que ser auténticos  legisladores, provistos de  madurez y verdadero patriotismo.