Lo ocurrido con las estudiantes del colegio 28 de Mayo de Guayaquil raya en la intolerancia más perversa.

No se juzga otra cosa que no sea una expresión espontánea, privada, muy juvenil y hasta lúdica de quienes, a esa edad, liberan toda su euforia y alegría sin afectar a nadie ni pretender violar norma alguna, principio, ley o religión.

Se las castiga por hacerlo con el uniforme de su colegio. ¿Y si lo hacían sin él? ¿Si su actuación era en un espacio privado las habrían castigado igual?

Y el mayor pecado cometido no es que bailen y disfruten de su alegría, sino que los medios, por su imprudencia y mojigatería, las sancionen públicamente desde su discurso moralista.

Si esta maquinaria pone en escena un pecado, parecería que es inmediata la sanción legal porque son ellos los que sentencian desde su perspectiva.

Expulsar a esas muchachas no resuelvía un problema, aparentemente  de fondo: la rebeldía y libertad para expresarse  sin afectar a nadie, aunque en ello aniden problemas familiares o de atención educativa. Al pretender obligarlas a dejar el colegio, las autoridades que lo hubieran permitido estaban aceptando la justicia mediática como un poder fáctico en nuestra sociedad.

Y si salían del sistema educativo, ¿en dónde iban a encontrar una respuesta a la presunta falta? ¿Harán los medios  un mea culpa y con ello eliminarán de sus programaciones las bajezas a las que someten cada día a la audiencia con propuestas de chismografía farandulera que no recibe ninguna sanción? ¿Con qué cara están  juzgando lo que se hace en privado cuando los medios, en público, ridiculizan y estigmatizan a quien no entra en sus códigos morales y en su lógica de linchamiento a quien disiente o sale del rebaño? Era inaudito pensar que por la difusión de un video  las estudiantes  quedaran al margen de la educación, que en última instancia debe explicar el colegio, ¿es la que recibieron de esa misma institución? ¿O no?